NCC NOTICIAS RD, SAN JUAN DE LA MAGUANA.-En vista de que, en el año 2003, Tenguerengue a través de la Asociación de Dueños de Minibuses San Juan (Asodumin) suscribió un convenio en el cual recibió 2,350,000.00 pesos de Fenatrano representando por Juan Hubiere quién asumía toda la administración de la terminal de transporte incluyendo las de Santo Domingo (Ana Valverde y Pintura).
De las cuales en 22 años ha manejado aproximadamente más de 800 millones de pesos y nunca ha rendido cuenta de nada él Juan Hubiere y Antonio Brito como representante de Hubiere junto a otros directivos se sienten los dueños de nuestras propiedades y que nosotros somos sus empleados; lo que les ha permitido realizar maniobras e irregularidades con la ayuda de los señores: Juan Oscar Familia, Fernando Antonio Báez, Michael Burgos y Wilkin Suero Turbi. Quiénes a raíz de varias acciones judiciales han resuelto algunas cosas dentro de la institución, pero además han utilizado represalia contra los socios que demandamos cuentas claras para amistades sanas.
Pero la gravedad de todo esto es, que Juan Hubieres Del Rosario ha traspasado los Terrenos de la Asociación por los cuales se suscribió el convenio a nombre del consorcio de Guaguas Azules (que se supone es de Juan Hubieres y Antonio Brito) sin el consentimiento de una asamblea de Asodumin-Tenguerengue dándole esa potestad. 
Fruto de toda esa maniobra e irregularidades demandamos en rendición de cuentas y fue condenado en la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordena a Juan Hubieres Del Rosario y a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) rendir cuentas por la administración de las terminales de transporte asumida mediante un contrato de préstamo suscrito en 2003 con ASODUMIN, trasciende el ámbito de un litigio privado y se convierte en un asunto de alto interés público e institucional. 
Un grupo de socios de Transportes Tenguerengue (ASODUMIN), en San Juan de la Maguana, ha reclamado sin éxito acceso a información básica sobre la administración de recursos colectivos. Solo la intervención judicial logró activar un proceso de rendición de cuentas, acompañado de medidas excepcionales: el juez realizo una autodesignación del juez del tribunal, como juez comisario, y la imposición de una astreinte de RD$10,000 diarios por cada día de retraso en la entrega de los informes.
Estas medidas reflejan la gravedad del incumplimiento, la resistencia prolongada a la transparencia y la necesidad de supervisión directa del tribunal. Sin emitir juicios penales anticipados, este caso presenta elementos objetivos que ameritan la atención inmediata de los órganos de control del Estado, por tratarse de: administración prolongada de recursos colectivos, ausencia de rendición de cuentas periódica, concentración de funciones administrativas y necesidad de intervención judicial para forzar transparencia.
Firman los demandantes:
MAXIMO MORA, TIRSO PEÑA, ROSENDO SUERO, PLINIO ALCANTARA Y FERINSO TURBI QUIEN NO ESTUVO PRESENTE
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